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"Dejaron de abastecerse y hoy corremos riesgo de no cobrar salarios o indemnizaciones. Exigimos respuestas inmediatas." — Federico Martínez

Trabajadores de Dr. Ahorro denuncian quiebra exprés y riesgo de no cobrar indemnizaciones

En diálogo con Radio Asamblea, Federico Martínez, trabajador despedido de la cadena de farmacias Dr. Ahorro, expuso la dramática situación que atraviesan cientos de familias tras el repentino vaciamiento de la empresa y la veloz respuesta de los tribunales a favor de los empresarios.

Martínez detalló la celeridad con la que avanzó el trámite judicial en detrimento de los derechos laborales: “La empresa presentó su propia quiebra y en una semana la Justicia se la aceptó. Hoy corremos riesgo de no cobrar ni siquiera salarios, vacaciones o indemnizaciones.”

Vaciamiento y abandono social

Durante la entrevista, el trabajador explicó cómo la firma fue desmantelando su operatoria diaria de manera paulatina pero sistemática, hasta dejar las sucursales completamente desabastecidas y a su personal sin respuesta alguna:

Falta de medicamentos: Se interrumpió el suministro de insumos clave, dejando los exhibidores vacíos e imposibilitando la atención básica en las sucursales.

Impacto en el barrio: Se destruyó el principal diferencial de la cadena: ofrecer medicamentos genéricos y esenciales a precios accesibles para sectores vulnerables.

Desprotección total: Cientos de empleados quedaron a la deriva de un día para el otro, exigiendo respuestas institucionales ante la quita de salarios y la pérdida repentina de sus puestos de trabajo.

La celeridad judicial al servicio del interés patronal

Uno de los puntos más graves señalados durante el diálogo radial fue la doble vara con la que actúa el fuero comercial ante este tipo de conflictos. Mientras los reclamos laborales por créditos salariales suelen demorar meses o incluso años en ser atendidos, la quiebra presentada por el grupo empresario se tramitó en tiempo récord.

Esta maniobra judicial deja a la totalidad de la plantilla en un estado de extrema indefensión jurídica. Al dictarse el concurso preventivo y posterior quiebra sin la adecuada verificación de activos, los créditos laborales —que por ley cuentan con privilegio absoluto— quedan subordinados a los tiempos burocráticos del proceso, diluyendo las posibilidades reales de ejecutar un cobro efectivo a corto plazo.

Un golpe directo a la salud pública y al consumo popular

El cierre masivo de los locales de Dr. Ahorro trasciende la esfera estrictamente laboral para convertirse en un problema de salud pública de escala urbana. Durante años, esta red de farmacias funcionó como un recurso vital para jubilados, pensionados y familias de bajos ingresos que no podían afrontar los valores fijados por los grandes laboratorios del mercado farmacéutico tradicional.

El desabastecimiento inducido y el posterior apagón de las sucursales dejan a miles de vecinos sin acceso a tratamientos crónicos a costo reducido. Para los trabajadores, esta estrategia de vaciamiento planificado no constituye un mero fracaso comercial, sino una figura de abandono patronal donde los costos de la especulación son transferidos íntegramente a los empleados y a los usuarios del sistema de salud.

Organización sindical y permanencia en las sucursales

Frente a la incertidumbre y la falta de interlocutores válidos por parte de la patronal, las y los empleados comenzaron a organizarse en asambleas permanentes para visibilizar el conflicto y resguardar las fuentes de trabajo. La prioridad inmediata se centra en evitar el remate o vaciamiento de los activos restantes de las sucursales para garantizar la custodia de los bienes con los que eventualmente se deberían saldar las deudas salariales y las indemnizaciones correspondientes.

Los damnificados exigen la intervención urgente del Ministerio de Trabajo y de las autoridades competentes para que se reabra una mesa de negociación efectiva. Martínez concluyó su testimonio remarcando que las familias no pueden quedar como la variable de ajuste de un mecanismo empresarial diseñado para eludir responsabilidades penales y contables: la lucha continuará en las calles y en los tribunales hasta lograr una respuesta justa y la recomposición total de sus derechos violentados.